Sobreseimiento
Pone fin al proceso cuando el hecho no existió, no es delito o la persona no participó, entre otros supuestos.
Una guía clara sobre cómo funciona el proceso penal en Argentina, cuáles son sus derechos y de qué manera podemos acompañarlo en cada etapa.
Solicitar ConsultaEl derecho penal es la rama del derecho que determina qué conductas se consideran delito y qué penas les corresponden. En Argentina, sus bases están en el Código Penal de la Nación, en leyes penales especiales y en las garantías de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos.
Nadie puede ser penado sin un juicio previo fundado en una ley anterior al hecho. Por eso el Estado debe probar la responsabilidad de una persona; ella no tiene que demostrar su inocencia, lo que no implica que la defensa deba ser activa y eficaz.
Las etapas y los organismos intervinientes pueden variar según el delito y la jurisdicción (nacional, federal o provincial), pero el camino general es el siguiente.
La causa comienza con una denuncia, una querella o una actuación de oficio de las fuerzas de seguridad o del Ministerio Público Fiscal.
El fiscal reúne pruebas, cita a declarar a la persona investigada y puede pedir medidas como allanamientos, detenciones o secuestro de elementos, que deben ser controladas por un juez.
Concluida la investigación, la causa puede archivarse, terminar en un sobreseimiento o elevarse a juicio si existen elementos para acusar.
Se producen las pruebas ante el tribunal, las partes presentan sus alegatos y se dicta la sentencia: condena o absolución.
La sentencia puede ser revisada por un tribunal superior mediante recursos. Si queda firme una condena, se ejecuta la pena bajo control judicial.
Según el caso y la jurisdicción, existen distintas salidas que una buena estrategia de defensa puede evaluar.
Pone fin al proceso cuando el hecho no existió, no es delito o la persona no participó, entre otros supuestos.
Conocida como probation, permite extinguir la acción penal si la persona cumple determinadas reglas de conducta durante un plazo fijado.
Un acuerdo entre las partes que evita el debate oral y permite una sentencia más rápida, con la conformidad de la persona imputada.
Toda persona tiene derecho a ser asistida por un abogado desde el inicio. Si no puede pagarlo, el Estado debe proveerle un defensor.
Nadie está obligado a declarar contra sí mismo, y el silencio no puede interpretarse como una prueba de culpabilidad.
Se presume la inocencia de la persona hasta que una sentencia firme demuestre lo contrario.
Nadie puede ser arrestado sin orden escrita de autoridad competente, salvo casos de flagrancia. La prisión preventiva es excepcional.
El domicilio, los papeles privados y las comunicaciones son inviolables. Su allanamiento o intervención requiere autorización judicial.
Tiene derecho a conocer de qué se lo acusa, a acceder a la causa y a ser juzgado por un tribunal imparcial.
Asesoramiento y representación en todas las etapas del proceso penal, con estrategias adaptadas a cada caso.
Lo acompañamos desde las primeras actuaciones hasta la finalización del proceso, analizando la prueba y definiendo la mejor estrategia de defensa.
Actuamos como parte querellante o particular damnificado, impulsando la investigación y brindando acompañamiento y asesoramiento durante todo el procedimiento.
Intervenimos con rapidez ante detenciones, aprehensiones, allanamientos y otras medidas que requieren asistencia jurídica inmediata.
Asesoramos en delitos informáticos y en la obtención, preservación y valoración de la evidencia digital, tanto para la defensa como para la querella.
Estos pasos pueden marcar la diferencia. Comuníquese con nosotros lo antes posible.
Sí. Contar con un defensor desde las primeras actuaciones permite cuidar sus derechos antes de tomar decisiones importantes, como declarar o no hacerlo.
El denunciante pone el hecho en conocimiento de la justicia. El querellante, en cambio, es parte del proceso: puede proponer pruebas, participar de las audiencias e impulsar la causa.
No. Según el caso, pueden concluir con un archivo, un sobreseimiento, una suspensión del juicio a prueba o un juicio abreviado. Evaluar cada alternativa es parte de la estrategia.
Es la información almacenada o transmitida por medios digitales, como celulares, computadoras, mensajes, correos o redes sociales. Su obtención y preservación deben respetar las garantías del proceso para que pueda usarse como prueba.
La información de esta página es orientativa y no reemplaza el asesoramiento jurídico sobre un caso concreto.
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